"Esta situación podría dejar a las estaciones de todo el país en la urgente decisión de operar sólo con efectivo y tarjetas de débito", subrayó la entidad sectorial.
   A través de un comunicado, CECHA recordó que ya hubo "sucesivos reclamos y un fallo judicial de por medio a favor" y que el nuevo sistema que proponen "ya sucede en países como Brasil, Chile y Uruguay, donde operan emisoras de tarjetas de crédito similares".
   De acuerdo con el sector de las estaciones de servicio, hoy la comercialización de combustibles tiene un margen de rentabilidad muy bajo, por lo que también piden revisar la comisión que se cobran por las ventas operadas en los puntos de carga, donde junto con los impuestos oscilan entre el 1,5 y el 1,8%, mientras que en los países limítrofes es del 0,5 %.
   A mitad de noviembre, las estaciones de servicio obtuvieron un fallo judicial favorable en primera instancia en la provincia de Santa Fe, logrado por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), una de las principales cámaras integrantes de CECHA. De esa forma, la Justicia provincial ordenó la reducción del arancel a 0,5% y el reintegro a tres días.
   Hoy, el porcentaje que las emisoras cobran a las estaciones de servicio las transforman en socios mayoritarios. El arancel se cobra sobre el total del combustible, representando además más del 50% del impuesto que se recauda para el fisco. "En un país inflacionario como la Argentina, claramente es incomprensible que se acredite recién a los 10 días, que en la mayoría de los casos termina siendo en 15", se quejaron.
   A las actuales condiciones financieras, se suman las negociaciones paritarias y los altos costos de operación, lo que ponen en riesgo la subsistencia de numerosas estaciones en la Argentina. "Hoy estamos al borde de una situación insostenible que puede transformarse en irreversible para casi el 50% de las estaciones cuyas ventas se encuentran debajo de su punto de equilibrio", planteó CECHA.
   Con el fallo judicial de Santa Fe, la cámara sectorial reclama a los legisladores la modificación de la Ley de tarjetas para establecer como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzcan a 48 o 72 horas. "Sin tener posibilidades de solución inmediata, nos vemos obligados lamentablemente a dejar de vender combustibles con tarjetas de crédito", advirtieron.