AFAT, la Asociación que representa a marcas como Agrale, Massey Ferguson, Challenger, Valtra, CASE IH, New Holland, CLAAS, FPT, Jacto, John Deere y Stara, expresó una profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola.

"La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país", indican y apuntan a que la facilitación de la importación de maquinaria es una "medida que impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística".

Desde AFAT indican que para los países exportadores de maquinaria usada, se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados.

En Argentina, entre el 60 y 75% de las ventas de equipos nuevos (dependiendo el segmento) contempla la toma de usados como parte de pago.

"Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores", repasan.

De esta forma, destacan que la introducción “irrestricta” de maquinaria usada, no solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero.

En síntesis, "tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los USD 45.000 millones de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena".

Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) señaló: "Entendemos que los precios que se quieren estabilizar y provocar una disminución artificialmente alto en nuestro mercado, no es por falta de competencia y transparencia en el mercado (1200 empresas), sino más bien por la falta de avance de las reformas estructurales pendientes".

Consecuentemente, advierten que la eliminación del certificado de importación de Bienes Usados (CIBU), en vez de suponer una mejora de funcionamiento del mercado, supone un riesgo por una competencia desleal a un sector que sufre las altas distorsiones estructurales locales y que representa a la vez, la cadena valor que le da soporte tecnológico y de servicio al productor argentino y con alto potencial exportador.

"Pregonamos urgente una integración inteligente al mundo, donde estén en sintonía los tiempos y las formas en la instrumentación de las políticas que se supone, favorecerán la competitividad interna", indican desde AFAMAC.

Fuente: AgrofyNews