El Gobierno nacional avanza en una estrategia para fortalecer el riego agropecuario mediante una batería de medidas fiscales que buscan reducir costos y estimular la inversión productiva. A través de la Ley 27.802/2026, se estableció la baja del IVA del 27% al 10,5% para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego, una decisión que impacta directamente en la estructura de costos de los productores.

La medida, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, se enmarca dentro de la Ley de Modernización Laboral y tiene como objetivo potenciar una actividad considerada estratégica para la estabilidad productiva frente a la variabilidad climática.

En paralelo, la normativa incorpora beneficios dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), entre ellos la posibilidad de amortizar en una sola cuota en el impuesto a las ganancias la compra de equipos de riego y tecnologías vinculadas a la eficiencia energética. Este esquema apunta a acelerar decisiones de inversión y mejorar la rentabilidad de los proyectos.

Otro punto clave es la mejora en el recupero del crédito fiscal del IVA, que podrá computarse en un plazo de tres períodos mensuales. Este mecanismo favorece el flujo de caja de los productores y reduce los tiempos de repago de las inversiones, especialmente en sistemas más tecnificados como el riego por pivote central y por goteo.

Las iniciativas se complementan con otras medidas ya implementadas, como la reducción de aranceles a la importación de equipos de riego —del 14% al 2%— y la eliminación del impuesto PAIS, lo que contribuye a abaratar la incorporación de tecnología en el sector.

Según datos oficiales, el impacto de estas políticas ya se refleja en el crecimiento de la superficie irrigada, que se expandió en más de 55.000 hectáreas en los últimos dos años. Este aumento incluye la incorporación de aproximadamente 650 equipos de pivote y más de 8.400 hectáreas bajo riego por goteo subterráneo.

Actualmente, Argentina cuenta con unas 2,1 millones de hectáreas bajo riego, aunque el potencial de expansión alcanza las 4,8 millones adicionales, considerando la disponibilidad de suelos y recursos hídricos. En este contexto, el riego se posiciona como una herramienta clave para estabilizar rendimientos, reducir riesgos climáticos y optimizar la planificación agrícola.

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca consolidar un marco de previsibilidad y competitividad que permita dinamizar la producción agropecuaria y potenciar el desarrollo de economías regionales en todo el país.