De acuerdo con la entidad: "Durante estos 15 meses, el interventor designado por decreto del presidente Milei, Marcelo Petroni, fue objeto de múltiples denuncias presentadas por la UATRE". Entre los puntos más graves, la organización menciona una "duplicación innecesaria" de la estructura administrativa, con nombramientos de dirigentes derrotados en elecciones internas y sin experiencia en salud. Además, denuncia la "priorización de negocios espurios", con pagos de facturas "sin prestación real".

En este sentido, el comunicado señala que hasta diciembre de 2025 se registraron 476 acciones de amparo en la Justicia por falta de cobertura, "muchas de ellas incumplidas". También señala la existencia de tres causas penales por "abandono de persona seguido de muerte".

El fallo de Casanello dejó asentado que la hipótesis original que dio origen a la intervención resulta hoy "prácticamente nula" y "no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social". Con la restitución, la UATRE afirma que la OSPRERA retorna a la gestión de las autoridades elegidas "legítimamente". Sin embargo, advierte que el proceso recién empieza: "no sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social", y anticipa que "no será fácil ni inmediato".

El comunicado plantea un escenario de daños acumulados (amparos, denuncias y causas penales) y, al mismo tiempo, instala un desafío inmediato: reconstruir una gestión que, según la propia UATRE, vuelve sin certezas sobre el estado real de la obra social tras 15 meses de intervención. La restitución del directorio no es solo una decisión administrativa o judicial, sino que implica devolver la salud de los trabajadores rurales y sus familias a un sistema democrático, con autoridades elegidas y responsables ante sus afiliados. 

Fuente: Revista Chacra.