El pronunciamiento recomienda al Máximo Tribunal bonaerense suspender las Ordenanzas N.º 850/12 y 17.404/21 de los Municipios de Rauch y Tandil, que actualmente autorizan aplicaciones de agrotóxicos a escasos metros de zonas pobladas.

El dictamen reconoce la legitimidad de las comunidades de Rauch, Tandil, Gardey y Vela para actuar en defensa de sus territorios, bienes comunes y la salud de sus infancias. Las ordenanzas cuestionadas permiten las fumigaciones cerca de viviendas, escuelas rurales, centros de salud, pozos de extracción de agua y cursos hídricos, a pesar de los riesgos que implican para la salud y el entorno, en la consideración del procurador.

Posicionamiento Legal: Vulneración al "Bloque de Legalidad Ambiental"

La intervención del Procurador General surge a raíz de una acción originaria de inconstitucionalidad promovida por vecinos y vecinas de la cuenca que reclamaron ante la SCBA por la protección del derecho a un ambiente sano.

Entre los pronunciamientos textuales más relevantes, el dictamen sostiene que: "Ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas"; ya añade que "se advierte una posible vulneración al estándar ambiental establecido por el 'bloque de legalidad ambiental' (Art. 41 CN y Art. 4 Ley N° 25.675)".

El dictamen es enfático al señalar que los Municipios de Rauch y Tandil, "en ningún caso pueden autorizar la aplicación de agroquímicos, sin exigir, al menos, los recaudos de 'seguridad ambiental' que permiten las normas provinciales y nacionales de la materia".

Riesgos para la salud y celebración comunitaria

El Procurador Julio Conte Grand sostuvo que, ante la presencia de niñas/os, la Suprema Corte de Justicia podría hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas para adoptar la protección más apropiada a favor del interés superior comprometido, lo que impone protecciones especiales y reforzadas.

Los Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú han remarcado que la convivencia cotidiana con un cóctel de agrotóxicos "constituye una amenaza creciente para la salud y el ambiente".

Diversos estudios científicos, incluyendo investigaciones de universidades públicas como la UNICEN y la UNLP, "han identificado en las matrices hídricas y ambientales de la región sustancias asociadas al modelo agrícola químico-dependiente que poseen efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos", de acuerdo al posicionamiento de grupos ambientalistas.

Las organizaciones celebraron el dictamen como "un avance crucial en el camino hacia una política ambiental responsable".

Asimismo, advirtieron que las sustancias capaces de producir dichos efectos nocivos "no pueden considerarse 'Buenas Prácticas Agrícolas', como suelen ser enunciadas por sectores del agronegocio".

El dictamen también reconoció la legitimidad de los vecinos y vecinas para presentar la demanda como una causa colectiva, pues el ambiente es considerado un bien indivisible y compartido por toda la comunidad.

Finalmente, se sugirió citar a la Provincia de Buenos Aires al proceso judicial debido a la complejidad del caso y se enfatizó la necesidad de actualizar las normativas locales para adecuarlas a los estándares ambientales vigentes.

La comunidad reafirmó su compromiso para "seguir defendiendo sus territorios en pos de una salud integral, bajo el criterio de 'Una sola salud', de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Fuente: La Voz de Tandil