Según la entidad, el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares del consumo argentino. En términos equivalentes, esas 2.000 toneladas representan unos 2 millones de kilos de carne porcina, o cerca de 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, especialmente de los despostadores y distribuidores. Además, la Federación alertó por la competencia desleal de productos importados de menor calidad, que llegan congelados y con alto contenido de agua, perjudicando la percepción del consumidor y la imagen del producto nacional.

La situación se agrava por el uso de ractopamina, un promotor de crecimiento prohibido en más de 160 países -entre ellos, la Argentina-, pero permitido en Brasil. “Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, señaló la entidad.

“El sector porcino argentino no pide subsidios, pide condiciones justas y previsibles”, enfatizó Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA. “Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, sostuvo.

La Federación también reclamó avanzar en un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en coordinación con el Senasa y con financiamiento propio, cuya aprobación definitiva aún está pendiente.

Datos del mercado porcino

La cadena porcina argentina atraviesa un momento clave. El Plan Estratégico Porcino (PEP) proyecta hacia 2032 inversiones por más de 1.600 millones de dólares, con la meta de duplicar la producción, generar más empleo y aumentar el ingreso de divisas.

Actualmente, la actividad mueve más de 4.000 millones de dólares anuales, genera 72.000 empleos directos e indirectos y sostiene un consumo per cápita superior a 18 kilos al año, con un crecimiento del 4 al 5% anual durante la última década.

Sin embargo, ese potencial choca con obstáculos estructurales. El primero es el régimen de IVA, que en los hechos funciona como un impuesto a la inversión: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero compran insumos y bienes de capital con el 21%, lo que genera saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%.

La falta de líneas de financiamiento adecuadas también limita la expansión del sector. La producción porcina requiere plazos largos y tasas compatibles con su ciclo biológico, condiciones que hoy el sistema financiero local no ofrece. 

Fuente: Diarios Bonaerenses