Un grupo de entidades que representan a productores que trabajan en la zona de las islas del Paraná redactó un comunicado en las últimas horas con duras críticas hacia la Municipalidad de Victoria (Entre Ríos), a la que acusan de establecer tasas que funcionan como verdaderos impuestos y que ponen a los ganaderos al borde del quebranto.

De esta manera, se sumaron a las múltiples quejas que se vienen escuchando en otras zonas del país también relacionadas a municipios que cobran tasas que no tienen contraprestación alguna y que se valúan en función, por ejemplo, del precio de la hacienda; es decir, que si éste sube, el valor a pagar también.

En concreto, fueron la Sociedad Rural de Victoria (SRV) junto a la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) las que, con el aval de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y el acompañamiento de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), expresaron un “profundo malestar y enorme preocupación respecto del valor desmedido, abusivo y desproporcionado que la Municipalidad de Victoria cobra por la carga y descarga de hacienda en las islas”.

Según explicaron, “los valores aplicados a la tasa por uso de corrales y bretes -que son un vulgar impuesto- no tiene en consideración los costos de producción ni relación alguna con la realidad, ya que se transforma en uno de los que mayor incidencia termina teniendo, lo que resulta descabellado y absolutamente arbitrario”.

En concreto, la Municipalidad toma, para fijar el precio al servicio, el valor del índice de novillo (de la categoría 431/460 kilos) del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Así, hasta las 100 cabezas se abona dos kilos; de 101 a 400, tres kilos, y más de 400 animales se paga cuatro kilos, lo que marca que el costo crece a medida que aumenta la cantidad de cabezas transportadas.

“En síntesis: a mayor producción, más impuesto, desafiando cualquier lógica de incentivo a la producción, llegándose a pagar hasta 12 mil pesos por un novillo para dicha operación fluvial”, remarcaron.

Y como si esto fuera poco, subrayaron que la norma establece que sólo el 10% de esta tasa estará destinada a “gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”, lo que deja en evidencia palpable que “se trata de un impuesto disfrazado de tasa y que sólo tiene fines recaudatorios sin tener en cuenta de ninguna manera la calidad y mantenimiento del ‘servicio’”, acusaron.

“En definitiva, y hasta tanto no se puedan habilitar puertos alternativos y de emergencia en el corredor vial 174 a los efectos de aumentar necesariamente la cantidad de sitios de descarga, munidos a una mayor competencia, los ganaderos isleños continuarán sometidos al arbitrio de un grupo político que no usa referencias productivas reales”, agregaron.

Por último, criticaron también al municipio porque consideran que “utiliza la ideología como vara de castigo y que pone sobre las cuerdas a cientos de productores, llevando los mismos a una compleja situación de fino equilibrio sobre su rentabilidad, incluso lindando con el quebranto”.

Fuente: Infocampo