El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires (MDA) explicitó su apoyo a la agricultura familiar durante una reunión del Consejo Provincial de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en La Casona del Parque Pereyra Iraola, en Berazategui. El encuentro se produjo en el décimo aniversario de la sanción de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

En la reunión, el ministro Javier Rodríguez y su equipo junto a líderes de la agricultura familiar repasaron las principales políticas al respecto llevadas a cabo en la provincia de Buenos Aires y analizaron las medidas que está adoptando el Gobierno nacional.

En su discurso, el funcionario bonaerense destacó que la actividad, “tantos años y décadas invisibilizada”, es “fundamental para la soberanía y seguridad alimentaria”. Con ese tono, señaló que la agricultura familiar es vital “para la creación de oportunidades de trabajo, desarrollo local y regional”. Y concluyó: “Por eso, por supuesto, compartimos la mirada general de esta ley”.

“Atacan a los pequeños y medianos productores”

Rodríguez aseguró que la administración de Milei está “en las antípodas” de estas propuestas de desarrollo, enfatizando que “atacan a los productores medianos y pequeños con las políticas macroeconómicas que achican el poder adquisitivo de la población, el salario y las jubilaciones. Es decir, redujeron el poder de compra, y todos sabemos que la agricultura familiar es esencialmente producción de alimento para el consumo interno”. Rodríguez redondeó su idea de forma sencilla: “Si la gente tiene menos plata en su bolsillo, está claro que eso termina afectando también al productor”.

Además el titular de la cartera agraria subrayó que el Ejecutivo nacional está “desarmando los distintos instrumentos y herramientas concretas de apoyo y acompañamiento”. “Es decir, que a la política macroeconómica se le suma el desmantelamiento de las distintas herramientas de acompañamiento a los productores de menor escala”, completó.

Asimismo, tildó de “aberrante” el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyo cierre había sido anunciado en marzo por el Gobierno de Milei, así como la decisión de no ejecutar fondos para la Ley Ovina, pese a los avances que se habían registrado gracias a esta normativa, y la paralización del programa Cambio Rural.

Por eso, Javier Rodríguez subrayó que la ley sancionada hace diez años sigue siendo “un faro que está vigente”, y pidió su “cumplimiento en los distintos niveles”.

En contrapartida a la situación nacional el funcionario habló de muchos de los aspectos que se vienen llevando adelante en la provincia, “desde el programa Agricultura Familiar en Marcha, que fortalece los aspectos productivos, a las líneas de financiamiento específicas y el programa Mercados Bonaerenses, que ha servido para que muchos productores de la agricultura familiar pudieran tener un canal de comercialización de su producción”.

En el marco del encuentro también se presentó la última encuesta sobre alquileres en el cordón frutihortícola del AMBA.

El Consejo Provincial de la Agricultura Familiar está formado por representantes de las distintas organizaciones de la actividad y por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario. Entre los presentes en el Parque Pereyra estuvieron representantes de la Federación Nacional Campesina (FNC); la Federación Rural para la Producción y el Arraigo; l0a Federación de Trabajadores por la Economía Social rama Rural (FETRAES Rural); el Frente Agrario Evita; el Frente Agrario Justicialista (FAJ); la Dignidad rama Rural; la Mesa Provincial de Organización de Productores Familiares de Buenos Aires; el Movimiento Nacional Campesino e Indígena – (MNCI Vía Campesina); el Movimiento Octubres / Frente Agrario Octubres; el Movimiento de Trabajadores Excluidos rama Rural – (MTE Rural); la Organización 25 de Mayo/ Frente Agrario Tierra Mía; los Productores Bonaerenses de Alimentos (PBA); y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Fuente: DIB