Un grupo de sociedades rurales del sudeste bonaerense denunciaron que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un proyecto para intervenir en el comercio de granos, a partir de expropiar el 30% del acopio de la terminar de granos el puerto de Quequén y así poder controlar los precios. 

“Una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país. Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra”, acusaron los ruralistas en un comunicado.

La idea tiene base supuestamente en que en noviembre se vence la concesión de la Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales y la prórroga por tres años. Los ruralistas afirman que “no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales”.

En un comunicasdo continuaron con que la empresa Terminal Quequén, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo.

En declaraciones periodísticas, la presidente en ejercicio Jimena López, aludió al gobernador Kicillof al decir: “Axel pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, a lo que agregó la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización.

“No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una “Junta Provincial de Granos”: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”, acusaron los ruralistas.

Las rurales del Sudeste advirtieron sobre esta situación a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa para evaluar pasos a seguir. También se informó de la situación a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y a su Cámara Arbitral; al Centro de Acopiadores de Quequén; a las otras entidades de productores; a los propios productores en general, a los transportistas, y a los intendentes del hinterland del puerto Quequén, por lo que podría significar una modificación sustantiva en los fines del actual Consorcio de la Terminal y su explotación.

La acusación la realizaron la Sociedad Rural de Ayacucho, Sociedad Rural de Mar Chiquita, Sociedad Rural de General Guido, Asociación Rural de General Madariaga, Sociedad Rural de Lobería, Sociedad Rural de Mar del Plata, Asociación de Productores de Benito Juárez, Sociedad Rural de Balcarce, Sociedad Rural de General Alvarado, Sociedad Rural de Tandil, Asociación de Productores de Gonzales Chaves, Asociación Rural de Maipú, Sociedad Rural de Necochea, Sociedad Rural de Rauch, Sociedad Rural de General Lavalle y Sociedad Rural de San Cayetano.

Fuente: Noticias AgroPecuarias