Por primera vez en 22 años, los productores yerbateros iniciaron esta semana el período de cosecha gruesa sin un precio sostén para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda).
   Es que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quedó herido de muerte por el DNU que desreguló parte de la economía.
   La desregulación no debería impactar en los precios de góndola, al menos en el corto plazo, dicen especialistas.
   Es que el valor del paquete a salida de molino ya tuvo una corrección a partir de la fuerte devaluación de diciembre pasado.
   Tampoco hubo un incremento significativo en lo que se abona por la hoja verde, que ronda los 370 pesos por kilo puesto en el secadero.
   "Con el valor que tiene la yerba en el mercado, los industriales podrían pagar los 500 pesos que demandan los productores sin tocar el precio del paquete", sostuvo un referente de los yerbateros.
   La que también buscó llevar algo de tranquilidad fue la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur.
   "No creo en absoluto que los precios se vayan para arriba", sostuvo.
   La funcionaria explicó que en el mercado yerbatero "hay un precio que la mayoría está pagando, un precio estable".
   "Se está dando muy bien (la actividad) durante estos últimos tiempos, la verdad que yo no espero una suba", expresó.
   Gabur, que también integra el directorio del INYM, incluso habló de una campaña del miedo por parte de algunos sectores, que auguraban el kilo de yerba a 6.000 pesos en los supermercados a partir de la desregulación.
   Además, relativizó la importancia de los precios que fijaba el Instituto. "Si pusiera un valor, siempre es lo mínimo que se puede pagar. Es decir que por abajo de eso no puede pagar, pero por arriba puede pagar todo lo que quiera. Es lo que ocurre", afirmó.
   "No creo que el precio se dispare. Hoy día los industriales tienen la posibilidad de pisar el precio que se le paga al productor y con eso mantener el precio a la salida de molino", sostuvo un cooperativista.
   El precio de un paquete de kilo de yerba sobre camión ronda los 2.200 pesos. "Con esos montos podrían pagar 450 pesos por la materia prima sin sacrificar la rentabilidad", explicó.
   En diciembre pasado, apenas asumió, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 10.000 pequeños productores de Misiones.
   No alcanzó un recurso de amparo para frenar ese avance sobre una economía que sufrió una de sus peores crisis a fines de la década del 90.
   Esa situación de quebranto llevó a los productores a realizar un tractorazo en la capital provincial para forzar la creación del Instituto. Los yerbateros acamparon con sus viejos tractores y camiones más de un mes en los alrededores de la plaza 9 de Julio hasta que lograron que el Congreso sancionara la ley de creación del INYM.
   La fijación de los precios de referencia en base a una grilla de costos de producción permitió la recuperación de la actividad y que se ampliara considerablemente la superficie de yerbales. Hoy día existen más de 210.000 hectáreas con yerba mate en Misiones y Corrientes y algunos analistas estiman que en uno o dos años habrá una sobreproducción.
   Tras el fracaso de la sesión de precios, en marzo pasado, los representantes de los chacareros ante el INYM insisten en que es necesario remitir los antecedentes a la Secretaría de Agricultura para que se emita el laudo correspondiente, pero otros señalan que la sesión de precios nunca pudo ser abierta por la ausencia de los directores que representan a la industria y a Corrientes.
   "No se puede mandar a laudo porque no hubo desacuerdo entre las partes", admitió uno de los integrantes del directorio. "Esa instancia se abre cuando no hay unanimidad para fijar los precios.
  Acá no pudimos llegar a esa instancia por el faltazo de esta gente", explicó.
   El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, estuvo en Misiones en febrero pasado y en un encuentro con representantes de la cadena productiva aclaró que el decreto recién entraría en vigencia cuando se conociera la reglamentación.
   Y que hasta entonces el Instituto mantenía sus facultades para fijar precios, algo que ahora los industriales y Corrientes desconocen.