Con información de DIB y ABCHoy

La nueva prórroga de la suspensión fue determinada por la resolución 131/23 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que lleva como fecha el 1 de marzo.

La decisión se toma “atento a la necesidad de extender el plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos que con sustento técnico-científico y resultantes del proceso participativo se propician, producto del trabajo desarrollado desde la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”.

La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Por otro lado, la Justicia indagará a Carlos Roberto Iturralde, María Carolina Barbero, José Luis Karaman, María Laura Kolman y Hernán Francois.

Todos están acusados por “contaminación del ambiente en general y de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados como peligrosos (Anexo I categoría Y4 y Anexo II, 9 H12, ambos de la Ley 24.051) aplicados a una distancia prohibida, menor a 150 metros de los establecimientos educativos (escuelas rurales) o de la vía pública”.

El fiscal Ehyerabide, que realizó la solicitud al juez,  indica que "las muestras en las que se detectó la presencia de residuos de agroquímicos, se obtuvieron en sectores de lotes, donde la aplicación se encuentra prohibida (a menos de 150 metros del límite con la escuela), de acuerdo a los términos previstos en la Ordenanza Municipal de Tandil 12136/2011, artículo 7, vigente tanto al momento de la denuncia como de la toma de muestras".